Una tenue luz rompe el oscuro manto de la impunidad: el caso del juicio al franquismo en Elgeta.

Al igual que tras una larga y tormentosa noche llenas de sombras, de esas en las que no consigues deshacerte de los fantasmas del mal, al despuntar el nuevo día, los primeros rayos de la aurora te hacen tener nuevas esperanzas y que con la luz del nuevo día finalmente la razón, la justicia y la verdad triunfaran, de la misma forma se abre un pequeño rayo de esperanza para las víctimas del franquismo y sus familiares.

Esto ocurre tras haber sido admitida a trámite la denuncia del ayuntamiento del pueblo guipuzcoano de Elgeta ante los juzgados por crímenes franquistas cometidos durante el alzamiento militar y la posterior dictadura fascista. Esta denuncia prospera porque la jueza encargada del juzgado de Bergara, donde fue presentada la denuncia, determina que “presentan  los caracteres de un delito de genocidio y crímenes contra la humanidad, que es perseguible de oficio, por lo que procede instruir la causa criminal que corresponda en atención a la pena señalada al delito”.

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La impunidad que les otorga un gobierno de derechas, heredero de una ideología absolutista, represora y de marcado corte fascista, unido a la traidora Ley de Amnistía del 77, ha permitido hasta el momento que toda y cada una de las denuncias presentadas, tanto a nivel personal de las familias de los asesinados como a nivel oficial por los ayuntamientos, hayan sido desestimadas o directamente no admitidas a trámite. Ante tal desesperación, tantos unos como otros, no tuvieron más remedio que recurrir a la Justicia Internacional y presentar las querellas ante la Justicia Argentina.

Un gobierno que en el momento que suscribe y ratifica las Leyes de Derecho Internacional está obligado a acatarlas y hacerlas cumplir, en el caso de nuestro país se la salta descaradamente cuando se trata de aplicarla internamente, sobre todo en los casos de los crímenes franquistas, mientras reclama el cumplimiento de los Derechos Humanos en países ajenos.

En lo referente a la Ley de Amnistía del 77, ésta aseguró que en ningún momento se pidiesen responsabilidades a los torturadores y asesinos. Pero si se indaga detenidamente dicha ley, ésta no imposibilita la opción de denuncia, investigación y aclaración de los hechos y señalar a los culpables de los mismos. Otra cosa es cuando hablamos de las condenas. Porque aun habiendo constatado y verificado quienes fueron los culpables y que crímenes cometieron, el cumplimiento de dicha ley impide a cualquier juez imponer una condena. Recordemos el contenido de la ley:

Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

  1. e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
  2. f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

                Pero recordemos que España ha ratificado y suscrito las Leyes de Derecho Internacional y estas determinan que si unos delitos son considerados como genocidios y de lesa humanidad, no procede ventaja de prescripción por el tiempo transcurrido desde que se cometieron ni son susceptibles de ser beneficiarios de ninguna amnistía.

Llegados a este punto, y en el momento que finalmente la jueza admite la denuncia presentada por el ayuntamiento de Elgeta, jurídicamente y basándose en las Leyes de Derecho Penal Internacional, sería viable toda investigación, instrucción y condena de los posibles autores que se determinen durante el proceso.

Se abre así una posibilidad, aún algo vaga porque se puede esperar cualquier trampa para evitar que siga adelante, que hasta el momento no ha existido dentro de la jurisprudencia española. Es una posibilidad que sentaría precedente y abriría la puerta a muchas otras denuncias. Denuncias que servirían para conseguir aquello por lo que llevan luchando desde hace muchas décadas las familias de los asesinados y también muchos represaliados: verdad, justicia y reparación.

Porque no solamente hay que aclarar los crímenes cometidos durante la guerra y la posguerra, recuperar los cuerpos que aún yacen en las fosas, señalar a los criminales y anular los juicios condenatorios franquistas. Está claro que los culpables ya no viven, no se les puede hacer pagar sus crímenes, pero la reparación de la memoria de las víctimas es tan o más importante que la condena de los verdugos. A pesar de las incesantes acusaciones por parte de los que justifican aquella barbarie de nuestra sed de venganza. Poco o nada entienden.

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Pero en los casos que si se puede hacer justicia real y efectiva es en aquellos casos de crímenes y torturas cometidas en los últimos años de la dictadura. De esos torturadores si siguen algunos aún con vida, si hay la posibilidad que tengan que rendir cuentas ante la justicia. Horrores cometidos bajo el amparo de la Brigada Político Social, aparato represor del régimen, usaban y abusaban de su condición de agentes de la ley para combatir y eliminar a toda persona considerada subversiva, según sus preceptos. Torturadores, que en vez de ser perseguidos y condenados, fueron condecorados y premiados con puestos relevantes tras la Transición (otra de las traiciones perpetradas en contra de las víctimas). Recordemos a algunos de ellos:

  • Roberto Conesa Escudero, alias Garbancito. Responsable de la captura y posterior ejecución de “Las Trece Rosas”, colaborador de la Gestapo nazi, conocido por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura, nombrado por Manuel Fraga jefe superior de la policía de Valencia, le fue concedida en 1977 la medalla de oro al mérito policial por el entonces Ministro de la gobernación, Martín Villa.
  • Si hablamos de Conesa, es inevitable también hablar de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, mano derecha del comisario. Se hizo rápidamente famoso por las palizas y los malos tratos infringidos a los detenidos durante los interrogatorios en la sede la Dirección General de Seguridad. Posteriormente pasó a ser inspector del Cuerpo Superior de Policía en 1977 y ese mismo año le es concedida la medalla de plata al mérito policial, nuevamente Martín Villa es el impulsor de la condecoración.
  • El propio Rodolfo Martín Villa, que empezó siendo jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), organización impulsada por José Antonio Primo de Rivera, pasó por varios ministerios además de por las Cortes Generales, tampoco se libra de ser considerado uno de los criminales de la dictadura y posteriormente en la Transición. Pesa orden de detención internacional contra él, emitida por la juez argentina Servini por crímenes de lesa humanidad por los sucesos de Vitoria en 1976. También él fue recientemente condecorado, en su caso, de manos de Felipe VI, actual rey de España.
  • Otro más: Juan Antonio Gil Rubianes, policía acusado y condenado (tres meses de arresto y dos años de suspensión de empleo y sueldo) por la muerte de Joxe Arregui, torturado durante 10 días hasta la muerte. Esto ocurre en 1981, pero lo que no impide que en 2005 fuese nombrado Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Tenerife. Se le condecoró con la cruz al mérito policial.
  • A Gil Rubianes le acompañó Juan Antonio González García. Pero además también corre a su cargo la tortura de Isabel Llaquet, miembro del PCE. Isabel pasó muchos años en prisión mientras su torturador nunca pisó la cárcel y llegó a director de la policía judicial y posteriormente implicado en el caso Malaya.
  • Luis Roldan, ladrón y asesino bajo el mandato del gobierno de Felipe González, José Antonio Sáenz de Santamaría, el pentotal sódico era su medio preferido para obtener confesiones manipuladas, encargado en 1975 de los preparativos para los fusilamientos del 27 de septiembre, los últimos del franquismo, Andrés Casiniello Pérez, aparece como implicado en la matanza de los abogados de Atocha, a todas luces, fundador del GAL y creador del organigrama de los GAL…

Esto no es más que una pequeña muestra de cómo los torturadores franquistas como recompensa a sus servicios, pasaron a puestos que les permitían seguir con sus prácticas crueles y siempre amparados por los poderes políticos y judiciales, incluso bien avanzada la Democracia. Y es que está claro que el franquismo ganó la guerra, la posguerra, la Transición e incluso la Democracia. ¿O no?

Si importante es que las víctimas de la represión durante la guerra y la posguerra sean encontradas, entregados sus cuerpos a sus familiares y que se restituya su memoria, igual de importante es que las personas que fueron torturadas en las últimas décadas del franquismo y durante el tardofranquismo, la transición e incluso en las décadas de los años 80 y 90, ya en esta mal denominada Democracia, obtengan la justicia que se les niega de forma obtusa, teniendo que soportar ver a sus verdugos en libertad e incluso en ocasiones, tener que cruzarse con ellos por la calle, verles en los medios de comunicaciones o tener que ver como se les imponen condecoraciones.

Por eso resulta tan esperanzador el caso del pueblo de Elgeta, la decisión de la jueza de Bergara y por qué no, su valentía, enfrentándose a la caverna política y judicial que a día de hoy sigue protegiendo a torturadores, asesinos y a quienes los protegen.

Autora: Ani García Pérez

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