Esta semana han sucedido otras noticias que no guardan relación con la consulta catalana del 1 de octubre aunque leyendo las portadas de prácticamente todos los medios de comunicación pudiera parecer lo contrario. Sin ir más lejos el martes 12 de septiembre, en el Congreso de los diputados y a propuesta del PSOE se aprobó una propuesta no de ley que declara nulas todas las sentencias judiciales del franquismo por considerarlas injustas. A modo informativo parte del texto aprobado es el siguiente.
“El Congreso de los Diputados:
- Declara que la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona con fecha 13 de diciembre de 1939 y por el consejo de guerra de Oficiales Generales con fecha 14 de octubre de 1940, contra el President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover, son ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez.
- Reitera la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como de las condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, condenas todas ellas también radicalmente nulas e injustas, y carentes absolutamente de eficacia y validez.”
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Los diputados del Partido Popular votaron en contra mientras que los del partido de la “regeneración”, Ciudadanos se abstuvieron. Curiosa regeneración la que pretende mantener la impunidad de los criminales de la mayor represión sufrida en la historia de España. Lo que nos puede sorprender es el voto en contra de ERC que al igual que lea derecha española también se posicionó contraria a la propuesta socialista. Lo primero que hay que señalar sobre la aceptación de dicha propuesta es que la resolución tiene un mero valor testimonial. Institucionalmente es de agradecer que pasados 42 años de la muerte del asesino se reconozca la barbaridad judicial que supusieron miles de consejos de guerra exentos de la más mínima garantía. Pero las consecuencias jurídicas no llegan más allá de lo anecdótico. A efectos oficiales y jurídicos no se abre vía alguna para solicitar responsabilidad al estado por las ejecuciones cometidas ni los los años de presidio sufridos. El poder judicial mantiene las sentencias legalmente ejecutadas al igual que antes de la resolución.
En marzo de este mismo año el PSOE votó en contra de una propuesta de ERC que en esencia era similar a la aprobada hoy y en la que además de sugerir la declaración de ilegales las sentencias fascistas instaba al estado a realizar una declaración de disculpas por las atrocidades cometidas durante el franquismo. La respuesta más dura que obtuvo la propuesta no vino de la mano del Partido Popular sino del escaño socialista representado por José Andrés Torres Mora. Este parlamentario esgrimía como argumentos para justificar la decisión socialista es que el propósito de ERC era de humillación hacia España y que el actual régimen democrático nada tenía que ver con la dictadura. A mi parecer las excusas vanas del PSOE venían a querer encontrar flecos que pudieran reforzar de algún modo su inexplicable oposición a querer declarar ilegales las sentencias franquicias. Y es aquí en la terminología semántica de “ilegalidad” e “ilegitimidad” donde radica el quid de la cuestión. Porque ese matiz que sepas ambos términos no está exento de ideología política. El dirigente de ERC, Joan Tarda, lo explicaba de manera muy clarividente en una entrevista realizada al diario Público. Sólo mediante una ley que declare ilegales los juicios franquicias se podrán revocar oficialmente las sentencias de los consejos de guerra. Por ello el paso dado en el Congreso no supone mas que un paso testimonial que no puede acarrear consecuencias jurídicas que permita la solicitud de compensaciones así como abrir una vía legal a las posibles indemnizaciones que pudieran derivarse si la declaración hubiera tenido rango de ley.
¿Qué ha cambiado en estos pocos meses transcurridos desde marzo para que ahora las tornas se hayan vuelto? Nada significativo que justifique el cambio de posición. Salvo que ahora el autor de la iniciativa es el PSOE quien parece creer que puede sacar algún rendimiento político de todo ello atribuyéndose un mérito que ni tiene ni lo merece desde el mismo momento que se niega a aceptar las enmiendas añadidas por ERC. Recordemos que a modo de ejemplo y como muestra de la gravedad que conlleva este lastre para un estado de derecho, que el presidente de la Generalitat en 1936 Lluis Companys es el único presidente de un gobierno asesinado por el fascismo europeo en el siglo XX y aún hoy el consejo de guerra que lo sentenció a muerte es un juicio oficialmente vigente y legal. Como Companys miles de fusilados durante la guerra y la posguerra. Aunque estoy convencido de que en un futuro no muy lejano este desmoche jurídico será solventado, la trayectoria de estos años de los partidos demócratas será analizada con interés y no poca vergüenza para percatarse de las argucias que se han llevado a cabo tratando de aparentar lo que no es. Hasta que llegue ese día tendremos que conformarnos con leer los titulares que afirman que los juicios franquicias se han anulado pero yo de ustedes no me lo creería. No es cierto.
Autor: Jordi Pedrosa.
Reblogueó esto en S.O.S. PODEMOS MEJORAR.
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