Operación Colombo: ¡Verdad, Justicia y Reparación!

En España siempre hemos tenido una especial admiración por países como Chile o Argentina en relación con la Memoria Histórica, por su lucha a favor de los DDHH, por conseguir Verdad, Justicia y Reparación para aquellos que sufrieron represión, tortura y muerte, por juzgar a aquellos militares y policías que formaron parte del aparato dictatorial, participando en los crímenes de Lesa Humanidad perpetrados contra aquellos que defendían una sociedad democrática, igualitaria y libre. Sin embargo, esta es una verdad a medias.

El pasado viernes la justicia de Chile condenaba a 106 militares y policías de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) por el secuestro y asesinato de 16 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los agentes condenados formaron parte de la Operación Colombo. Además, el juez a dictaminado 5.065 millones de pesos (6,5 millones de dólares) a los familiares de las 16 víctimas, que según las investigaciones, militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y en el Partido Socialista de Chile.

Entre los condenados están César Manríquez, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y Miguel Krassnoff quienes recibieron penas de 20 años de cárcel como autores de los secuestros, sin embargo, ya están presos casos similares, ya que fueron recientemente condenados por el asesinato de Arturo Barría Araneda de 38 años, profesor de música y miembro del Partido Comunista, en la misma Operación Colombo.

La Operación Colombo o Caso de los 119 fue un operativo montado por la DINA en 1975, para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores de la dictadura militar. El objetivo de la operación era hacer creer a la opinión pública nacional e internacional  que los desaparecidos habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad extranjeras y por luchas internas.

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Muchos eran estudiantes o habían dejado de estudiar para dedicarse por completo a las tareas de organización de la Resistencia. Los que trabajaban, eran o habían sido profesores, sastres, músicos, mecánicos, veterinarios, ingenieros, actrices, cineastas, ingenieros, topógrafos, albañiles, periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, arquitectos, técnicos agrícolas, obreros o jardineros.  De ellos, 102 tenían entre 18 y 30 años, y 13 del grupo estaban entre los 30 y los 40. Había 100 hombres y 19 mujeres. La mayoría (94 personas) militaba en el MIR, pero también había 9 socialistas, 9 comunistas, y varios mapucistas e independientes.

Todos ellos fueron asesinados entre el 24 de mayo de 1974 al 20 de febrero de 1975.  Entre todos, tenían 97 hijos al momento de su detención. Trece de ellos fueron hijos póstumos. Nunca se han encontrado sus cuerpos.

El entonces mayor del  Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann llegó a Buenos Aires en abril de 1975 para reunirse con el agente local del organismo represivo, el civil Enrique Arancibia Clavel y preparar un montaje que hiciera creer que el ex gerente de Chuquicamata David Silbermann había sido asesinado en la capital argentina, aunque el realidad el ingeniero había sido secuestrado por la Dina desde la ex Cárcel Pública de Santiago y desde entonces está desaparecido.

El cuerpo de David aparecía sin vida en un sótano de Buenos Aires con su DNI y un cartel que decía “ Dado de baja por el MIR”. Este hecho fue puesto en conocimiento de la prensa, algo planeado y ejecutado bajo el mando del general Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento de Operaciones exteriores de la DINA. Con David comienza una campaña de ocultación de los asesinatos cometidos por la DINA , haciendo creer que la militancia de la izquierda chilena, en especial el MIR ( Movimiento de Izquierda Revolucionaría), estaba desarrollando una purga interna.

Durante los primeros meses de 1975 comenzaron a aparecer informaciones en la prensa chilena que daban cuenta de “presencia guerrillera” en las fronteras, que en Argentina ya había un contingente de “extremistas listos para ingresar a Chile” y que en México había pugnas entre militantes del MIR por el control de los fondos entregados “por el marxismo internacional”.

Con el paso de los meses las informaciones se intensificaron, incluso comenzaron a llegar desde el exterior a través de agencias internacionales de prensa. Los cables informaban de enfrentamientos de “miristas” con la policía argentina; del aumento del número guerrilleros preparados para ingresar a Chile a través de la cordillera por distintos puntos, y del recrudecimiento de las diferencias internas en el MIR.

El 12 de junio de 1975 el periódico La Segunda publica en grandes titulares:  “Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina”…” se organizan guerrillas en contra de Chile”, y en la página 28 de la misma edición agrega: “Fuerzas de Seguridad del Ejército argentino detectaron que dirigentes del MIR, a los cuales se da por desaparecidos en Chile y que las organizaciones internacionales al servicio del marxismo dan por asesinados, se entrenan en Argentina e incluso comandan compañías guerrilleras”.

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El Mercurio informa en sus ediciones de los días 14 y 16 de junio de 1975 que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del MIR chileno y el ERP argentino. Añadió que “informaciones provenientes de Buenos Aires” dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros de Chile en el que se habrían producido algunas bajas.

El diario Las Ultimas Noticias, en su edición del 16 de junio de 1975 la publicación reitera la campaña y escribe “Extremistas cruzan la frontera”, y atribuye las informaciones a “fuentes extraoficiales chilenas” o a “fuentes chilenas generalmente bien informadas”.

A comienzos de julio de 1975, aparecieron otros tres cuerpos en Buenos Aires con carteles que apuntaban al MIR como responsable de sus muertes, junto a los carnets de identidad. Esta vez se trataba de los documentos de Jaime Robotham Bravo, Luis Guendelman Wisniak y Juan Carlos Perelman Ide, todos detenidos y desaparecidos en Santiago en los meses anteriores. Todas las pericias realizadas en esos días, así como también testificaron las familias de estas personas que viajaron a la capital argentina, comprobaron que ninguno de los cuerpos correspondía a las identidades entregadas por las policías. La Operación Colombo ya estaba en marcha.

En Buenos Aires, Iturriaga Neumann y Arancibia Clavel, apoyados por el coronel Víctor Barría, otro oficial DINA, y por el Ejército argentino y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), preparaban la fase final del operativo, en coordinación con los servicios de inteligencia de Brasil.

Dos medios escritos, el diario O Día de Curitiba, Brasil, el 22 de julio de 1975, y la revista Lea de Buenos Aires el 25, en sus únicas ediciones publicaron una lista con 119 nombres personas, la mayoría militantes del MIR, detenidas en Chile. A todos -hombres y mujeres- se les dio por muertos en Argentina ejecutados por sus propios compañeros, o fallecidos en enfrentamientos con la policía en ese país.

El cuerpo diplomático acreditado en Chile, encabezado por su Decano, el Nuncio Apostólico, reclamó formalmente ante la Cancillería de la Junta que  jamás ocurrió ninguno de los hechos difundidos y que ningún chileno murió en dichos países. En Colombia, medios oficiales desautorizaron la campaña de prensa de la Junta; “En Colombia no ha sido asesinado ningún chileno”. Declaraciones similares formularon en su caso periódicos de Venezuela y México. En Argentina, el diario La Opinión afirmó el 10 de agosto que “una gran conspiración, con vínculos en territorio argentino, imaginó métodos siniestros que superan todo lo conocido de la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero y a cónsules que se prestan a difundir cédulas de identidad falsificadas”.

El 18 de agosto, el semanario norteamericano Times señalaba: “El terrorismo derechista de ambos lados de Los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos”. La revista afirma que la relación de trabajo entre la Triple A de Argentina y la DINA chilena sirve sus intereses mutuos. “La DINA tiene una larga lista de nombres para los cuales necesita cadáveres y la AAA tiene cadáveres para los que necesita nombres”. Pinochet había quedado al descubierto.

El 8 de agosto de 1975, 80 prisioneros del campo de concentración de Puchuncaví se ponen en huelga de hambre ya que habían sido compañeros en los centros de detención y tortura de los 119.

Acosado por todo el revuelo causado dentro y fuera del país Pinochet da un discurso público el 20 de agosto prometiendo “investigar exhaustivamente la situación por la vía administrativa”, hecho que nunca se produjo
En 1998 el ex juez Baltasar Garzón incluyó a los 119 integrantesentre los casos por los cuales encausó a Augusto Pinochet y solicitó su extradición a Londres. La Operación Colombo está íntimamente  relacionada con la Operación Condor. Sin embargo, Pinochet murió en la cama.

El juicio por el caso de los 119 comienza cuando el juez Juan Guzmán procesa a 16 agentes de la plana mayor de la DINA por su relación directa en los asesinatos de 34 de ellos en 2005.

Los nombres se repiten en una y otra causa desde 2005 hasta hoy:

-General Manuel Contreras: ex jefe de la DINA, más de 500 años de cárcel

-General Cesar Manriquez Bravo:quien ejerció como segundo de la DINA, 500 años

– General Raúl Iturriaga Neumann: jefe exterior de la DINA, 500 años

-Coronel Marcelo Moren Brito: jefe de tortura y exterminio de Villa Grimaldi, condenado a 400 años. Muere en 2015.

– Coronel Francisco Ferrer Lima: ex DINA y ex jefe del Servicio Secreto de la DINE, más de 400 años

-Orlando Manzo:el oficial de Gendarmería y ex jefe de Cuatro Alamos,

-Brigadier Pedro Espinoza Bravo: ex subjefe de la DINA

– Brigadier Miguel Krassnoff Martchenko: ex jefe de la Brigada Halcón, condenado a más de 300 años

-Basclay Zapata Reyes: suboficial

– Conrado Pacheco: oficial de la FACH( Fuerzas Aéreas de Chile)

-Osvaldo Romo Mena:  agente civil, fallecido.

Han pasado 42 años de los asesinatos. En la actualidad se ha hecho justicia con 65 de ellos. Los familiares denuncian que sólo 14 de los responsables cumplen sentencia efectiva. Todos ellos intenta zafarse de sus condenas con el pretexto de la edad o de la enfermedad. Todos ellos reciben una paga de 4.800 dolares al mes.

Las cifra de las violaciones de los DDHH en Chile ascienden a un total de unas 40.000 personas de las cuales 28 000 fueron torturados, 3197 muertas, de las cuales 2095 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, y al menos 1.102 habrían desaparecido. Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número no determinado (cientos de miles) habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención.

La denuncia y el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por la dictadura, por tanto, ha sido un objetivo central constitutivo de las agrupaciones de familiares y ex prisioneros políticos. Sin embargo, a pesar del trabajo constante y de los significativos esfuerzos en pos de la reconstrucción de la verdad y la justicia, 42 años después muchos de ellos siguen exigiendo verdad y justicia así como el paradero de sus familiares asesinados y hechos desaparecer por el terrorismo de Estado en Chile en conjunto con civiles asociados para ello.

Más información:

http://villagrimaldi.cl/

http://chileddhh.blogspot.com.es/p/agrupacion-de-detenidos-desaparecidos.html

http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/119/ddhh1190017.pdf

http://www.theclinic.cl/2013/09/03/los-100-rostros-de-la-dictadura/

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm

Autora: Nanny García Gómez

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