40 años después del asesinato de García Caparrós, sigue el secretismo de Estado.

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Cuando hablamos de Recuperación de Memoria Histórica todos pensamos en los hechos ocurridos entre 1936, con el inicio de la Guerra Civil y 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Pero quien piense que a partir de ahí los hechos cambiaron de un día para otro no puede estar más errado. Trasladémonos al 4 de diciembre de 1977, poco más de dos años tras la muerte de Franco. El escenario, Andalucía. Ese día más de 2 millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles, en capitales y pueblos, pidiendo un Estatuto de Autonomía para la comunidad andaluza. Era la primera vez que la población apoyaba incondicionalmente la idea de que Andalucía fuese una Comunidad Autónoma.

En la I República fue un movimiento destacadamente político y fue cuando se elaboró un proyecto de Constitución que definía a España como una República Federal, integrada por diecisiete estados con poder legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo primero de dicho proyecto proclamaba: “Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. (Artículo 1º de la Constitución Federal de la Primera República Española, de 1873). Sin embargo, este proyecto constitucional nunca llegó a promulgarse, al caer el gobierno de Pi y Margall. En el período de la II República hubo enfrentamientos entre diferentes capitales, dificultando el proceso que nunca llegó a culminarse por el inicio de la Guerra Civil.

Volvamos al 4 de diciembre de 1977. El ambiente era reivindicativo a la vez que festivo, pidiendo igualdad de condiciones con respecto a otras regiones de España, ya que Andalucía había sido durante demasiado tiempo la hermana pobre de la nación, dónde los terratenientes campaban a sus anchas y los grandes latifundios dominaban la agricultura, principal fuente de ingreso y trabajo, dejando a la población a merced de sus caprichos y prácticas fascistas. Por otra parte, era la región desde la que más personas emigraron al extranjero o a otras regiones españolas más ricas y con posibilidad de poder ganarse la vida.

En una de las capitales, Málaga, la manifestación fue una de la que más asistencia tuvo. Más de 200.000 personas tomaron las calles. Allí el ambiente estaba algo más encrespado debido a que el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Cabeza López, falangista a la sazón, había prohibido enarbolar la bandera de Andalucía junto a la de España. Aun así, la verdiblanca fue llevada hasta el edificio y uno de los manifestantes, Juan Manuel Trinidad Berlanga, subió a colocarla. En ese momento se produjo una brutal y desmedida carga de las fuerzas policiales, llegando a disparar indiscriminadamente sus armas reglamentarias contra los manifestantes. Una de esas balas fue la que mató a Manuel José García Caparrós.

“Un hombre, vestido de negro, camina por las calles de Málaga con una bolsa en la mano. Dentro hay una camisa y una cazadora manchadas de sangre y perforadas por un disparo. Llega a su domicilio en calle La Unión, número 57, y las deja, en esa misma bolsa, escondidas detrás del frigorífico para que ni su mujer ni sus tres hijas las vean, pues aún no sabe qué hacer con ellas. Ambas prendas pertenecían a su hijo, Manuel José García Caparrós, de dieciocho años que unos días antes había fallecido por un disparo.

Pero esa bolsa no sólo contenía la ropa manchada de sangre, encerraba, ante todo, una batería de interrogantes.”                                                                                                                            

 (Rosa Burgos, La muerte de García Caparrós en la Transición Política)

Faltan unos 6 meses para que se cumplan 40 años de aquellos sucesos. Se abrieron investigaciones, pesquisas para aclarar lo sucedido. ¿Quién disparó? ¿Quién dio la orden de disparar contra los manifestantes? ¿Quién empuñaba el arma que quitó la vida a un joven de 18 años que recién empezaba a vivir? Preguntas que tanto entonces como ahora siguen sin respuestas.

La familia de García Caparrós lleva décadas esperando respuestas. Pidiendo explicaciones que nadie le ofrece. Su último recurso ha sido, a través de Unidos Podemos, solicitar toda la documentación concerniente a lo ocurrido aquel fatídico día de 1977 al congreso de la nación. La petición fue presentada por la diputada Eva García Sempere el pasado 31 de marzo y hasta el 22 de mayo no se recibió respuesta. Una respuesta firmada por la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, denegando toda información al estar ésta clasificada como “secreta”, fundamentándose en la clasificación de las “comisiones de encuesta”, las antiguas comisiones de investigación, en virtud del reglamento provisional del Congreso en vigor desde 1977 a 1982. En aquella comisión de encuesta participaron UCD, PSOE, PCE, el Grupo Mixto, Alianza Popular y PNV, recién llegados al gobierno tras las primeras elecciones generales del 15 de junio del mismo año. Llama poderosamente la atención que tres de las sesiones no tienen transcripción, es decir, que no se levantó acta alguna de las mismas. Esas tres sesiones fueron del 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978. Nada se sabe lo que en esas tres sesiones se habló, acordó o decidió. Solamente los que estuvieron presentes y a la vista está que no van contarlo. Finalmente la investigación se da por concluida en 1985.

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Según el art. 64 del reglamento del Congreso “las sesiones de las comisiones, incluidas las de investigación, serán secretas cuando lo acuerden por mayoría absoluta de sus miembros”. Por otra parte el art. 96 dice que “de las sesiones secretas se levantará acta taquigráfica, cuyo único ejemplar se custodiará en la Presidencia. Este ejemplar podrá ser consultado por los diputados, previo acuerdo de la Mesa“. Pero aun así la respuesta es negativa, amparándose en que la negativa no se fundamenta en el reglamento que está actualmente en vigor desde 1982, sino en el provisional y pre-constitucional que indicaba que “las sesiones de las comisiones de encuesta serán secretas en todo caso”. Les viene que ni al pelo esta excusa para no entregar la documentación requerida. Y es que es eso, una burda excusa, ya que está en sus manos anular el secretismo de esas sesiones. Así lo ha manifestado la diputada Eva García Sampere en una entrevista a InfoLibre: “Es la propia Mesa la que tiene la potestad de permitir el acceso a los diputados a las actas de las comisiones. Hay una decisión política clara que pretende ocultar la realidad de unos años sobre los que hay un pacto de silencio para mantener una visión idílica de la transición”

Y de esta forma, el crimen sigue sin ser esclarecido, nadie fue responsabilizado. Los hechos ocurrieron en una época de mucha convulsión política. Fue el año de los atentados de Atocha, desaparece la Secretaría General del Movimiento Nacional, fueron legalizados el PCE, UGT, CNT y CCOO, las primeras elecciones democráticas. Todo indicaba a que los fascistas perdían el control indiscutible del país y de la sociedad. En ese ambiente, los últimos coletazos del franquismo, tal y como había existido hasta ese momento, peleaba por mantenerse a flote, a cualquier precio. Aunque fuese matando, cosa en la que ya tenían una dilatada experiencia. Y así lo hicieron aquel día en Málaga. Lo que sí está claro que aún tenían el suficiente poder para manipular las investigaciones y el resultado de las mismas, teniendo en cuenta que participaron en ellas el PSOE, PCE y PNV y aun así el secretismo sobre lo que ocurrió permanece hasta nuestros días. Y no solamente ahora que está gobernando el Partido Popular. 19 años estuvo el PSOE al frente de la nación y tampoco transcendió nada. Lo que no lleva a pensar que una vez más la Transición tuvo un precio: en este caso la vida de Manuel José García Caparrós. No solamente vendieron a los miles de desaparecidos, asesinados o represaliados de los casi 40 años de la dictadura, si no que estaban y están dispuestos a seguir sumándole víctimas a esa mentira tan bien urdida y presentada como algo imprescindible para la paz. Un pacto de silencio orquestado por todas las fuerzas políticas para su propia conveniencia. Pero en su casa llevan llorando su muerte 40 años, sin explicaciones, sin respuestas, sin consuelo alguno.

Autora: Ani García Pérez

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