El pasado 24 de abril, sobre las 5 de la tarde, compareció Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, Condesa de Bornos (para más seña), concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en rueda de prensa para presentar su dimisión y retirada de la vida política a raíz de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Algo ya previsible, pero no por eso menos esperado, tras el escándalo político que ha causado la detención e imputación de Ignacio González, sospechoso de participar en una red de corrupción e irregularidades en la gestión del Canal Isabel II.
No es la primera dimisión de la condecorada condesa y Grande de España, Esperanza Aguirre, por motivos de corrupción de sus colaboradores políticos. Como si de una novela por entrega se tratase, se van añadiendo capítulos a una trama que ha desembocado con esta nueva dimisión y con políticos que ostentaron altos cargos dentro de la política nacional ante el juez y en la cárcel.
Si miramos la trayectoria política de Esperanza Aguirre veremos que ha habido de todo. Y siempre no exenta de polémica. Gobernando con absolutismo y al modo de la más rancia derecha nacional.
Empieza en política en 1983 en el partido Unión Liberal, que posteriormente se fusionó con el Partido Liberal, llegando a ser concejala en el Ayuntamiento de Madrid. En 1987 abandona este partido y se une a Alianza Popular volviendo a ser concejala en la oposición. Ya convertida Alianza Popular en Partido Popular (PP) vuelve a ser concejala, en este caso de Medio Ambiente, tras una moción de censura presentada por el PP contra el entonces alcalde socialista José Antonio Segurado. A partir de ahí y hasta 1996 repite en varias legislaturas como concejala, tercera teniente de alcalde y primera teniente de alcalde. En 1995 ostenta además la portavocía del PP en el grupo municipal y es nombrada consejera de Caja Madrid en representación del Partido Popular.
En las elecciones generales de 1996 fue candidata del Partido Popular al Senado por Madrid, tras su nombramiento como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido y fue elegida senadora. El nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, la nombró ministra de Educación y Cultura, cargo en el que estaría hasta 1999 siendo sucedida por Mariano Rajoy.
Fue presidenta del Senado desde febrero de 1999 hasta octubre de 2002. Senadora por la circunscripción de Madrid desde 1996 fue propuesta por el PP para ocupar el cargo de presidenta del Senado. En marzo de 2000 repite elección para la Cámara Alta. Renunció a su escaño para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid.
La primera vez que llega a ser presidenta de la Comunidad de Madrid en 2003, fue una premonición de lo que desde entonces ha sido una tónica general dentro de sus mandatos, el escándalo político y la corrupción. Al no conseguir el PP la mayoría absoluta, se barajaba un gobierno bipartito del PSOE-Federación Socialista Madrileña e Izquierda Unida. Sin embargo esto no llegó a ocurrir debido al oportuno transfuguismo de los socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.
La investigación que se abrió a raíz de este hecho fue bloqueada por el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar. En una comisión abierta posteriormente en el parlamento madrileño quedó demostrado que los tránsfugas habían obrado de acuerdo con el PP y q habían llamado desde su escaño a un conocido abogado del Partido Popular para concertar sus movimientos, que las habitaciones de hotel en las que se refugiaron, protegidos por guardaespaldas colaboradores habituales de Intereconomia, fueron pagadas por dos conocidos militantes y constructores del PP, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y que se habían reunido con el responsable de las finanzas del Partido Popular en la comunidad, Ricardo Romero de Tejada. Se descubrió adicionalmente que otro empresario urbanístico simulaba tener contratado a Romero de Tejada en una tienda de fotocopias de su propiedad. Los dos constructores implicados obtuvieron poco después una recalificación de sus terrenos del municipio de Villaviciosa de Odón que permitió aumentar su edificabilidad. La comisión de investigación fue suspendida con los votos del Partido Popular.
imagen: http://movimiento-red.net/noticias/noticias/juan-soler-delincuente-pp-de-getafe
Al no poder formar un gobierno con mayoría absoluta, Esperanza Aguirre solicita la disolución de la asamblea de la Comunidad de Madrid y la convocatoria de nuevas elecciones, que gana esta vez con mayoría absoluta convirtiéndose en presidenta de la comunidad madrileña.
En las dos siguientes elecciones autonómicas, 2007 y 2011, vuelve a conseguir mayoría absoluta, siguiendo al frente de la Comunidad de Madrid.
En su gestión como presidente de la comunidad madrileña no perdió el tiempo y aplicó la política de recortes y privatización que caracteriza al PP. Dentro de la Sanidad se perdió la gratuidad de las vacunas del neumococo y el acceso gratuito al cambio de sexo. Comenzó el proceso de privatización de la sanidad madrileña, entregando la gestión de cuatro hospitales públicos y de los centros del área sanitaria 14 de Madrid a la empresa privada Capio Sanidad, además de otros siete hospitales a empresas constructoras. Estos hospitales fueron posteriormente alquilados para el uso público por la Comunidad de Madrid, produciéndose un desajuste descomunal entre el precio de construcción y el precio de alquiler. El Hospital de Torrejón de Ardoz, por ejemplo, costó unos 139 millones de euros. Sin embargo el precio de alquiler ascendió a la cantidad 2100 millones de euros por un periodo de 30 años. Paradójicamente la construcción de nuevos hospitales no supuso una mejora en el servicio sanitario si no que por el contrario provocó el cierre de ambulatorios en Aranjuez, Arganda o Alcobendas.
Otra de las polémicas desatadas bajo el mandato de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad fue la manipulación política denunciada por los directivos y trabajadores de la televisión autonómica Telemadrid, siempre en favor del gobierno de la lideresa PePera, con censura y manipulación informativa, así como la situación económica del medio de comunicación autonómico.
La sospecha de haber cometido espionaje también ha salpicado a Esperanza Aguirre, realizado por empleados de seguridad de la Comunidad Autónoma en las personas de Manuel Cobos, vicealcalde de Madrid, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex consejero regional. La acusación fue de malversación de fondos públicos. El caso fue sobreseído en 2010 pero reabierto en 2011 por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que existían suficientes indicios de que se había cometido un delito.
Tampoco se libra Esperanza Aguirre de la trama del caso Gürtel. Los alcaldes del PP de Majadahonda, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte adjudicaron presuntamente contratos millonarios a la red de Francisco Correa a cambio de comisiones ilegales. El principal imputado en la trama, Alberto López Viejo, colaboraba con Esperanza Aguirre ya en el Ayuntamiento de Madrid, desde donde la presidenta se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo vice consejero de presidencia y consejero de deportes.
Las campañas electorales de Esperanza Aguirre de 2003 y 2004 fueron financiadas con donaciones de empresarios que contrataban con el gobierno del PP y a los que posteriormente se les adjudicarían mas de 200 contratos. Estas donaciones se entregaban a una fundación fantasma llamada Fundescam, de la que era presidenta Esperanza Aguirre. En 2012, la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó un informe ante el juez de la Audiencia Nacional en el que según sus investigaciones se aportaban pruebas de una posible financiación ilegal, y de la existencia de facturas falsas extendidas por empresas de la trama Gürtel a la fundación Fundescam por servicios prestados al partido en las campañas. La Fiscalía Anticorrupción no continuó la investigación al estar ya prescrito el presunto delito.
Pero la Condesa de la Corrupción no se conformaba con amparar a corruptos o a participar directamente en las tramas. Tampoco le temblaba la mano a la hora de vulnerar los derechos laborales. En 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en contra de la Comunidad de Madrid por los decretos que fijan los servicios mínimos en las huelgas. El gobierno de Esperanza Aguirre vulneró el derecho constitucional de huelga al imponer unos servicios mínimos desorbitados durante la huelga general de septiembre de 2010, la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid de junio del mismo año y la huelga de los trabajadores del Instituto Madrileño del Deporte.
Y aunque ella afirma por activa y por pasiva no haberse enriquecido jamás personalmente a costa de las arcas públicas, no podemos pasar por alto lo sospechoso que resultan diversas decisiones tomadas que han favorecido a su familia. Por ejemplo, la recalificación y venta de terrenos de la familia política de Esperanza Aguirre para urbanizar la “Ciudad Valdeluz”, en la provincia de Guadalajara, a unos 8 kms de la capital castellano-manchega y donde el entonces ministro de Fomento del gobierno del PP creara allí un apeadero del AVE, en Guadalajara-Yebes, en vez de situarlo en Guadalajara capital. La susodicha estación del AVE recibía en 2013 tan solo 70 viajeros al día.
En el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, unos tíos maternos de Esperancita ganan 2 millones de euros en seis años por la recalificación de unos terrenos de su propiedad, ordenada por Enrique Porto, director general de urbanismo, nombrado por esta Grande de España. También en Tres Cantos se llevan a cabo especulaciones similares. Siempre hay de por medio algún proceso de recalificación casual y conveniente para los intereses de la “famiglia”.
Esperanza Aguirre no ha perdido el tiempo mientras ha desempeñado los diferentes cargos públicos que han caído en sus manos. Nos ha tenido entretenidos con sus desaires, sus salidas de tono, sus enfrentamientos con los agentes de movilidad cuando en 2014 fue sancionada por aparcar en un carril bus y posteriormente darse a la fuga, derribando una motocicleta de la autoridad. No tiene desperdicio esta señora.
Pero quizás lo más entretenido de todo han sido sus sucesivas dimisiones y reapariciones. La primera fue en 2012 de su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, alegando motivos personales y de salud. Ya entonces nos obsequió con unas lágrimas de cocodrilo que nadie se creyó. Y le dio la alternativa a su delfín Ignacio González. Quizás como punto curioso, Esperanza Aguirre sucedió en la presidencia de la comunidad a Alberto Ruiz Gallardón, ese que hace pocos días llevaba a hombros el féretro de su suegro, uno de los ministros más crueles y sanguinarios del régimen franquista, José Utrera Molina, mientras se entonaba el Cara al Sol, brazo en alto y fue sucedida por el personaje que se permitió enriquecerse a costa de fondos públicos, montando una trama corrupta digna de un guion de Hollywood.
En 2014 la salpica otro caso de corrupción dentro de su círculo de confianza, aunque esta vez no dimite de ningún cargo. Entonces aún era Presidenta del PP de Madrid. En esta ocasión, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, fue el protagonista del culebrón, tras ser detenido por si implicación en la Operación Púnica. Recordemos que esta trama de corrupción adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales. En esos momentos Esperanza Aguirre declaró: “Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud“. Para su desgracia se llegó a saber que ya en 2008, o sea 6 años antes, tenía conocimiento de la presunta trama encabezada por su entonces número dos, Francisco Granados. Lo que ocurrió es que tuvo un conveniente ataque de amnesia selectiva. ¿Quizás porque fue por aquella época cuando su familia se beneficiaba colateralmente de la trama?
En 2015, y designada por el propio Mariano Rajoy, vuelve a la política activa y se presenta como candidata a la alcaldía de Madrid en las elecciones municipales. Pero al no llegar a un acuerdo con el PSOE, Manuela Carmena de Ahora Madrid ocupa el puesto de primera edil de la capital de la nación. Su frustración por este hecho la lleva a un nuevo intento de hacerse con la alcaldía, pero nuevamente solo recibe calabazas socilaistas.
Pero llega el año 2016 y nuevamente Esperanza se ve ante el dilema de que se verse involucrada en un nuevo caso de financiación ilegal del PP. Registros llevados a cabo en el domicilio y los despachos de Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL y yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y también el despacho de la calle Génova, 13, del exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, descubren pagos del empresario de decenas de miles de euros al Partido Popular de Esperanza Aguirre. Delitos de cohecho y blanqueo de capitales flotan en el aire. Vuelve a hablarse de la Operación Púnica, de Francisco Granados y de las Tarjetas Black. Segunde dimisión de Esperanza Aguirre, esta vez como Presidente del PP de Madrid. Pero no sin haber pasado antes por la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid, dónde declaró: “Que yo sepa no ha habido financiación ilegal en el PP de Madrid.” O Espe no se enteraba de nada, lo que demuestra la poca valía como líder o mentía como una bellaca.
Y finalmente el último capítulo del culebrón. O al menos eso parece. La imputación y detención del expresidente de la Comunidad de Madrid por su implicación en el caso Lezo, heredero natural de la condesa lideresa del PP, ha forzado la, hasta ahora, tercera dimisión. Ella, que se siente engañada y traicionada, que no “vigiló adecuadamente” a sus pupilos, afronta como la más sacrificada mártir la frialdad que le ha demostrado su propio partido al hacerse ya insostenible la situación y la dejado caer como una patata caliente, intentando evitar que les salpique o que se fijen los jueces también en ellos. Ella, que se ha dedicado a la política “como un servicio a España”, renuncia una vez más para “no eludir sus responsabilidades”. Sinceramente si hubiese aceptado sus responsabilidades desde el principio, quizás no hubiesen hecho falta tres dimisiones para llegar a esa conclusión. Quizás no le hubiesen saltado tantas ranas de la charca de la corrupción. Pero ha preferido poner en práctica las políticas absolutistas que le enseñaron sus mayores, aquellos que siempre trataron a este país como si fuese su reserva personal, su paraíso dónde enriquecerse a costa de la necesidad y el empobrecimiento de toda una nación.
Poco a poco va cayendo el telón que hasta ahora ha tapado toda la inmundicia que desde hace tiempo se intuía detrás de una fachada de mentiras. Como sepulcro encalado, blanco por fuera pero podrido por dentro. Pero la ciudadanía no debe conformarse con lo que hasta ahora se ha destapado. Hay que seguir escavando hasta que salgan todos los gusanos de ese corrompido sepulcro. La Justicia comienza a hacer su trabajo. Y confiemos en que así continúe. Sería una gran decepción si dentro de unos meses se produce un cambio de juez instructor, se paralice el proceso y nuevamente prescriban los delitos cometidos. No sería la primera vez. Si eso ocurre y por fin nos podemos librar de tanta corrupción, no cabe duda que habremos dado un gran paso hacia adelante en el camino de la recuperación de este país. Y también puede que algunos y algunas empiecen a envidiar a Rita Barberá, que DEP.
Autora: Ani García Pérez
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