¿LEYES ANTITERRORISTAS O ANTILIBERTADES?

Desde que el 10 de julio de 1984 viera la luz la primera Ley Antiterrorista en España hasta nuestros días, esta ha sido modificada, aumentada, enriquecida según ha ido avanzando el tiempo y las circunstancias, pero también según los caprichos políticos de los gobernantes de turno.

Policia-flanquean-Congreso-Diputados-Youtube_CYMIMA20150327_0001_13.jpgimagen: http://www.14ymedio.com/internacional/Espana-aprueba-mordaza-partido-Gobierno_0_1750024984.html

Si en un principio, esta ley dictaminaba que serían delitos de índole terrorista el que “atentase contra las personas o daño en las cosas cometido por medio de aparatos o sustancias explosivas”, en septiembre de 1896 aparece por primera vez contemplada “la ideología política como elemento subyacente que configura los delitos como de terrorismo”.

En noviembre de 1971, la Ley 42/1971, modifica sustancialmente la “Ley de Orden Público” de 1959, adjudicando por primera vez un poder casi absoluto a las Fuerzas del Orden en lo referente a sus actuaciones en caso de sospecha de terrorismo, comenzando así a coartar las Libertades, permitiéndoles “todo tipo de órdenes, disposiciones y prohibiciones para garantizar la Seguridad Ciudadana”.  Se empieza a hablar en esos días del “Estado de Excepción Permanente, anulando todos los derechos y libertades que aparecen acondicionados, limitados y restringidos por la intervención policial”.

Cuando muere el dictador Franco en 1975, ETA había asesinado ya a 44 personas. El citado Estado de Excepción se establece en las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa y toda la información concerniente a dicho estado es declarada “materia reservada”.

titiriteros

En agosto de ese mismo año y mediante el Decreto-Ley 10/1975, se aprueba la, hasta ese momento, más dura Ley Antiterrorista, permitiendo además el cierre de publicaciones como Destino, Posible y Cambio 16, ampliaba la pena de muerte e incluía el siguiente párrafo:

“…los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumentos de acción política y social (…) y a quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u organizaciones que vaya dirigida a promover o difundir sus actividades, se les impondrá una pena correspondiente a tal delito en su grado máximo (…) los que, públicamente, sea de modo claro o encubierto, defendieren o estimularen aquellas ideologías …”

En diciembre de 1979 y ya con la Constitución aprobada, el Pleno del Congreso aprueba la prorrogación de la Ley Antiterrorista tal y como estaba vigente, exceptuando lo concerniente a la pena de muerte, que se limita exclusivamente a lo militar y en caso de guerra. Los últimos ejecutados bajo esta sentencia fueron dos miembros de ETA político-militar y tres del FRAP, fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Desde entonces hasta hoy en día hemos pasado por la polémica Ley Corcuera (aquella de la patada en la puerta en domicilios privados simplemente por ser sospechoso), la inclusión de la Kale Borroka (permite enjuiciar a menores, llevarlos ante la Audiencia Nacional y pedir penas de cárcel de hasta 18 años), la Ley de Partidos (ilegalización de algunos partidos de la denominada “izquierda abertzale”), el endurecimiento de la política penitenciaria con el aumento de la pena máxima de 30 a 40 años de prisión para terroristas, la política de “dispersión carcelaria” para presos de ETA, la clasificación automática en “primer grado” para esos presos, cuando un preso normal ingresa en “segundo grado”, la imposibilidad dela adelantamiento de libertad condicional y no hace muchos años, la “Doctrina Parot” que dictamina que los beneficios penitenciarios no se descontasen del máximo de años de cumplimiento sino de la pena total impuesta, lo que en definitiva anula esos beneficio.

Esto es, a grandes rasgos, la Ley Antiterrorista en España. Y si echamos un vistazo a las diferentes Leyes Antiterroristas en otros países europeos, nos encontramos que no son mucho más benévolas, si no que en algunos casos incluso se endurecen.

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Nos encontramos, por ejemplo, que en el Reino Unido las condenas por terrorismo son de cadena perpetua en total, lo que significa que les obliga a permanecer en la cárcel al menos 30 años antes de que se comience a revisar la condena. Los sospechosos pueden ser retenidos hasta 14 sin que se hayan presentado cargos contra ellos y además se les puede negar la asistencia de un abogado durante las primeras 48 horas.

Alemania prevé la cadena perpetua, revisable a los 15 años, pero  existe un régimen especial de confinamiento permanente cuando se considera que el reo constituye un peligro para la sociedad. La Oficinal Federal puede solicitar información a los institutos de crédito e información a las empresas de telecomunicaciones, así como sobre la relación de cuentas corrientes, de los titulares de las mismas y demás personas autorizadas.

Francia contempla también la cadena perpetua, revisable a los 15 años. Además de tener acceso, igual que Alemania, a cuentas, servicio de telecomunicaciones, confiscar los bienes y acceder a todos los datos de los pasajeros de cualquier servicio de transporte. También autorizan la instalación de cámaras de vigilancia en lugares públicos durante cuatro meses sin mandato judicial.

En Italia, el Código Penal contempla también la cadena perpetua, revisable a los 26 años, pero esta llega a ser indefinida si el preso no colabora. Permite la infiltración de agentes en organizaciones de índole terrorista y captar conversaciones telefónicas y mensajes vía internet.

Portugal es quizás el país con una Ley Antiterrorista más suave, con condenas de 15 a 20 años de cárcel, pero anula también el secreto profesional de las instituciones de crédito o sociedades financieras para acceder a los datos económicos de los sospechosos.

Entre toda esta maraña de leyes Antiterroristas podemos ver que, primero, no hay una línea común entre los países para combatir el terrorismo y, segundo, que llama poderosamente la atención cómo lo que fue pensado en un principio para sentar unas bases que iban dirigidas expresamente a ese colectivo ha ido invadiendo cada vez más la vida civil y coartando los derechos de los ciudadanos. Cada vez es más frecuente la invasión de la vida privada sin que tenga que mediar de por medio una orden judicial, aumentando así el poder político y de la fuerzas policiales.

1088888848036_850866884936361_7853793432728433546_n.jpgimagen: https://www.pedirayudas.com/actualidad/ley-mordaza-el-silencio-de-la-ciudadania/#

Inevitablemente nos acercamos más al hecho de que la Ley Antiterrorista se parece cada vez más a al antiguo “Tribunal de Orden Público” franquista. Ya en su tiempo, el profesor Andrés de la Oliva, jurista español y catedrático de Derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid, dijo que era antidemocrática desde su nacimiento” y Gregorio Peces Barba, jurista y catedrático español de filosofía del Derecho, uno de los siete padres de la actual Constitución Española, la denominó como “atentado a un derecho fundamental”.

Nos hacemos eco de las conclusiones de Amnistía Internacional sobre las Leyes Antiterroristas y la invasión de los Derechos Humanos en los países en las que son aplicados: “Destaca que dichas medidas son indebidamente utilizadas para erosionar el Estado de derecho, eliminar controles judiciales, restringir la libertad de expresión, exponer a la población a una vigilancia gubernamental sin control o discriminar a extranjeros y minorías étnicas y religiosas”.  

A raíz de esto, todos podemos estar bajo una vigilancia exhaustiva bajo la “amenaza de ser sospechosos”. Nuestras conversaciones telefónicas y comunicaciones por internet pueden ser controladas, nuestros viajes inspeccionados hasta el más mínimo detalle, nuestras cuentas bancarias interceptadas y controladas y cualquier actividad que podamos hacer en un espacio público puede ser grabada sin el más mínimo pudor sin que ni seamos conscientes de ello ni podamos oponernos. De esta forma toda privacidad se pierde, el derecho a la intimidad pierde su parte más esencial y además todo ocurre sin nuestro permiso.

En nuestro país el último atraco a nuestros derechos fue perpetrado con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como “Ley Mordaza”, coartando la libertad de expresión, de información o de manifestación. Bajo esta ley se han perseguido y condenado casos como los de titiriteros de Madrid, los de Casandra Vera y Beñat Lasa Fernández con los tweets acerca de Carrero Blanco o el cantante César Strawberry por tweets acerca de Juan Carlos I. En todos los casos se les acusó de enaltecimiento del terrorismo. Ya no hay frontera entre colocar un artefacto o enviar un tweet. Todo vale para menoscabar la libertad individual de las personas.

Así que puede que haya llegado el momento para plantearse hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que el poder político sobrepase el poder judicial, aplicando leyes abusivas que están más bien dirigidas a coartar las libertades de la ciudadanía que a combatir el terrorismo.

Finalizamos con una reflexión hecha nuevamente por Amnistía Internacional:

“Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica”, los Gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas “para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos”(…) “corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma”.

Autora: Ani García Pérez

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