El negocio de la trata: la explotación sexual

Según datos estimados por la ONU, el tráfico de personas mueve anualmente entre 5 y 7 billones de dólares, y unos cuatro millones de personas son desplazadas de un país a otro. Concretamente, la explotación sexual mueve 31 mil millones de dólares en el mercado norteamericano y a diferencia del tráfico de drogas y de armas, las penas previstas para el tráfico de personas en muchos países son inferiores.

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En el marco legislativo internacional actual –Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional, Protocolo de Palermo de diciembre de 2000- se diferencia entre la trata de personas y el tráfico de personas; siendo en la primera, cuando la víctima no consiente y  es explotada en condiciones de esclavitud. Debido a que en la actividad delictiva en sí tráfico y trata se confunden, la legislación dificulta aún más la decisión de las víctimas de denunciar, invisibiliza aún más sus realidades y las sitúa en una absoluta situación de desprotección social.

Como ejemplo de esta realidad podríamos tomar el caso de las mujeres originarias de Nigeria, país en el que debido a la situación de extrema pobreza, las mujeres e incluso sus familiares consienten en adquirir una deuda –entre 30.000 y 50.000 euros- como opción de entrada a Europa y vía de salida de la condena a extrema necesidad que tienen en sus países. En Benin City, Nigeria, las mafias que trafican y explotan a estas mujeres y niñas utilizan un contrato sellado mediante brutales rituales vudú a través de los cuales las vidas de la víctima y su familia quedan en manos de las mafias.

Una vez establecido el contrato entre tratantes y víctimas, las mujeres y las niñas nigerianas inician la travesía que las llevará a la patera; esta travesía funciona como un adiestramiento para la explotación sexual a la que posteriormente serán sometidas en Europa, realizando paradas en diversos puntos y países de África –en los que pasan varios meses- esperando que los esclavistas del siglo XXI las vayan moviendo en diferentes caravanas de tráfico ilegal. Las mujeres que consiguen arribar en Marruecos, que serán las más físicamente capaces o las que no han sido vendidas o asesinadas en otros puntos, esperan normalmente hasta embarazos avanzados pues así es más difícil que sean deportadas y facilita que se las asigne la condición de asilo  y, además, es utilizada para someterlas ya que retienen a las hijas o hijos nacidos aquí en otros lugares distanciados del que las mujeres son explotadas sexualmente –catorce horas diarias, siete días a la semana, vigiladas las veinticuatro horas y maltratadas si la cantidad de dinero que consiguen no satisface a la red de proxenetas.

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Si alguna de estas víctimas intenta escapar o no se somete, son asesinadas por mafias eslavas: les desfiguran la cara,  borran sus huellas dactilares y pasan a ser una asesinada anónima más en la  morgue. Y ésta es sólo una minúscula fotografía de este entramado de redes de delincuencia organizada internacional –estructura que interrelaciona los tres mercados de tráfico ilícitos que más beneficios dan al sistema capitalista y que siguen el siguiente orden lucrativo: armas, seres humanos y drogas. Las rutas de la trata son diversas –Brasil, Colombia, Ecuador, Nigeria, Rumanía, Sierra Leona, Rusia, Paraguay, etc.- y la mayoría de ellas funcionan a través de esta contracción de una deuda que las fuerza a trabajar y abastece los mercados internacionales, lo que redunda en esa falta de adecuación del ámbito legislativo a la realidad de discriminación patriarcal en la que se sitúa a estas mujeres –discriminadas por migrantes y  moralmente criminalizadas  por ser obligadas a ejercer la prostitución.

En el Estado español, la reforma del Código Penal –Ley 5/2010 de 22 de junio- tipifica el concepto de trata y la distancia de los delitos de tráfico ilegal de personas o del de migración fraudulenta, reforzando esa inadecuación de las medidas legislativas tomadas y la realidad. Medidas que en ningún caso tienen en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que tienen que probar su situación de explotación para poder recibir protección, convirtiéndolas en instrumento de la policía que, en base al art. 59 de la Ley de Extranjería, daría el permiso de residencia si denuncian y aportan información relevante para desarticular redes,  en vez de ser tratadas como víctimas de una gravísima violación de derechos humanos. La prostitución ha sido siempre considerada como un asunto comercial privado: entre el proxeneta y el cliente, en el que las víctimas de trata humana no existen socialmente o están ocultas y  es por eso que las leyes del sistema patriarcal son ineficaces y terminan estructurando, de nuevo, la desigualdad y la discriminación por pobreza y género.

Autora: Silvia García

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