Informe Amnistía Internacional de 2016: España suspende y retrocede en libertad.

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Amnistía Internacional incide en que en una época en la que los odios y la intransigencia amenazan el camino iniciado hacia la paz y la convivencia entre los pueblos, es cuando más se deben estimular y cuidar los derechos democráticos de libertad de expresión y de ideas. Por desgracia, el 2016 ha sido un año en el que hemos retrocedido recuperando viejos discursos de miedo e irracionalidad que pretenden convencernos de que también son necesarios recortes en libertades esenciales para avanzar en democracias participativas y responsables. La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal llevadas a cabo en 2015 han restringido gravemente los derechos de reunión, libertad de información y de expresión que en febrero llegaron a suponer la condena por “enaltecimiento de terrorismo” de un grupo de titiriteros que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión a través de la puesta en escena de su obra. El grupo de artistas pasó cinco días en la cárcel y al finalizar el año aún seguían estando acusados de “incitación al odio”.

Ya en el comienzo de la andadura de esta ley –llamada popularmente “ley mordaza”– la ciudadanía manifestó su rechazo en las calles, intuían que la ley, más que dar seguridad, se caracterizaría por su incapacidad como herramienta de lucha contra los ataques de los grupos fundamentalistas islámicos. En base a la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, que endureció el delito de enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, de los ocho juicios celebrados en la Audiencia Nacional la semana pasada, solamente ha existido un caso real de posible condena por filiación a un grupo yihadista, el caso de Mohamed Said, detenido en Melilla en 2014,  cuyo juicio se suspendió en julio al no poder declarar un testigo que la Fiscalía consideraba clave para el procedimiento-; en cambio, en  los siete juicios restantes se produce una gran controversia por tratarse de juicios que atacan derechos tan fundamentales como el de la libertad de expresión. El último Informe de Amnistía Internacional viene a corroborar este hecho y le da la razón a la ciudadanía: «el uso como delito del “enaltecimiento de terrorismo” ha llevado a procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión»

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Dicho Informe denuncia, además del caso de los titiriteros Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente anteriormente señalado, el del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por manifestar, durante la celebración de una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), estar de acuerdo con las preocupaciones expresadas por los organismos internacionales de derechos humanos sobre las barreras que impedían la investigación eficaz de los casos de tortura en el Estado español. El Ministro del Interior instó, por este hecho, al Consejero General del Poder Judicial a tomar medidas contra este magistrado, medidas que fueron rechazadas por la Audiencia Nacional en junio. El magistrado simplemente manifestaba lo que el Comité de la ONU contra la Tortura había expresado en 2002: «la dicotomía entre la afirmación del Estado de que en España no tiene lugar la tortura o malos tratos salvo en casos muy aislados […] y la información recibida de fuentes no gubernamentales que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado»

También en el Informe de Amnistía se cita el caso de la Operación Araña,  que implicaba la interceptación de mensajes publicados en redes sociales y que supusieron 25 sentencias condenatorias contra 28 personas por delitos por “enaltecimiento del terrorismo”.

IMAGEN  DEL  DOCUMENTAL PELICULA CIUTAT  MORTA TWITTER

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Seguimos teniendo pendiente el caso de las torturas y malos tratos infligidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cita, entre otros, como casos en los que no se ha llevado a cabo una labor de investigación exhaustiva y eficaz: la muerte en Cádiz de Juan Antonio Martínez González a consecuencia de las lesiones sufridas al ser inmovilizado por agentes encargados de hacer cumplir la ley, y  la séptima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de España en la causa de Beorteguí Martínez c. España, según la cuál España violaba la prohibición de tortura y de malos tratos.

Además, el Informe también denuncia los abusos de las fuerzas policiales en Ceuta y Melilla, el no cumplimiento e implementación de la Ley de Asilo,  la negación de las autoridades a colaborar con la justicia argentina en la investigación de de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en la llamada “Querella Argentina”, y los recortes en derechos humanos y  sociales para los grupos más vulnerables consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad en cuanto a vivienda y sanidad universal de refiere.

Podéis leer el informe aquí: INFORME AMNISTÍA INTERNACIONAL

Autora: Silvia García Menéndez

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