Listado de jueces apartados. La Justicia en manos del Poder Político.

Si hablamos de la Justicia, gráficamente representada, todos pensamos en esa dama con túnica larga, báscula y espada en mano y los ojos vendados.

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Pero cuando empezamos a hablar del Poder Judicial, de su supuesta independencia política y de la imparcialidad con la que debe ejercer, nos damos cuenta que la realidad es bien distinta. Al menos en este país. Y si a eso añadimos un país gobernado por los herederos de quienes hicieron de la manipulación de los tribunales y de sus componentes un arma para represaliar a la población e inclinar la balanza a su favor, pues llegamos a la actual situación que hoy en día está desmembrando esa imparcialidad de los Poderes Jurídicos.

Desde que se empezaron a destapar los casos de corrupción política en diversas tramas y a lo largo y ancho de la geografía española, jueces y fiscales al frente de dichos casos han sido apartados, trasladados, jubilados, condenados e incluso inhabilitados.

Y esto no es simplemente un comentario al azar. Sirvan de ejemplo los siguientes apuntes:

Juez Baltasar Garzón: El 22 de febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación, acusándole de un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Recordemos que la Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Actualmente hay más de 70 imputados relacionados con el Partido Popular. A esto se le suma que el Juez Garzón fue uno de los pilares de la investigación de los crímenes de guerra cometidos durante el franquismo, pero la Fiscalía General del Estado argumentó que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar este tipo de delitos. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2008, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la incompetencia de Garzón en este caso por catorce votos contra tres.

Juez Elpidio Silva: Fue el juez que llevó inicialmente el Caso Blesa. A principios de junio de 2013, Silva decretó prisión sin fianza para Miguel Blesa por su gestión en la compra del City National Bank de Florida, siendo el primer banquero en España en ir a la cárcel desde el inicio de la crisis española.  Sin embargo, 15 días después la Audiencia Provincial de Madrid anuló parte de la causa contra el exbanquero y Blesa salió de la cárcel. El 7 de octubre de 2014, la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid condenó al juez Elpidio José Silva Pacheco a diecisiete años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual.

Juez José Castro: Instructor durante 5 años del caso Nóos, fue jubilado en pleno proceso y apartado del acaso. Se le acusaba de un singular “ensañamiento” contra la Infanta Cristina. La reciente sentencia de absolución de la Infanta demuestra que su jubilación no fue pura coincidencia.

Juez Pablo Ruz: El magistrado instruyó sumarios como el Caso Gurtel o la supuesta financiación ilegal del PP en la Audiencia Nacional, donde estuvo cinco años en comisión de servicios. Convenientemente se le ofrece un traslado que se justifica como programado hace tiempo, pero que llega en momento conveniente para los casos investigados.

Juez Santiago Vidal: Magistrado de Audiencia Provincial de Barcelona, fue sancionado en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial con suspensión de empleo de 3 años por redactar un borrador de la constitución catalana. Ha destacado por dictar sentencias de carácter progresista en contra de la discriminación racial y de género y por la protección a los menores. Se ha pronunciado en varias ocasiones contra el abuso que, a su entender, se hace de la figura del indulto gubernamental en España y en contra de la corrupción. Ha abogado en varias ocasiones por la modernización del sistema judicial español y en contra de las tasas judiciales. Ha criticado la ley inmobiliaria española y ha abogado a favor de la dación en pago.

Jueza Mercedes Alaya:  Jueza instructora en el llamado Caso ERE, una investigación en torno a una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía por presuntas irregularidades con los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE) a lo largo de una década y con un fondo de ayuda económica a empresas en crisis. Esta investigación se originó a partir de otra investigación relacionada a la empresa Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas, llevadas a cabo desde 2001. En 2015 es apartada del caso.

Juez Eloy Velasco: Desde 2008 Eloy Velasco está al frente del Juzgado Central nº6 de la Audiencia Nacional y por sus manos han pasado algunos de los casos más sonados de los últimos años.  Envió a prisión al expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio, Ángel de Cabo, en la llamada Operación Crucero.  También instruye la Operación Púnica, la trama de corrupción de la Comunidad de Madrid con un exconsejero, Francisco Granados, en la cárcel. “sorprendentemente” solicita un traslado, lo que significaría un retraso importante en la investigación. El nuevo magistrado al frente del caso Púnica tendría que ponerse al día para poder avanzar.

Fiscal Manuel López Bernal: Ex fiscal que presentó la querella del caso Auditorio y que ayer , dos días después de citar a declarar como imputado al presidente de Murcia en el caso Auditorio, denuncia coacciones durante su labor al frente de la Fiscalía. Esto ocurre en medio de la investigación sobre Pedro Antonio Sánchez (PP) por presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público y malversación dentro del caso Auditorio. La relación de Bernal es tensa desde hace años: bajo su mandato la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia impulsó varias investigaciones contra el entorno del PP.

Éstos son solamente los casos que por su peso político están más a la vista de la opinión pública y de los medios de comunicación. Pero nos pueden dar una idea de lo que puede estar ocurriendo cuando no sale a la luz pública.

Seguramente estas prácticas no son nada nuevo desde que oficialmente “vivimos en Democracia”, pero el descaro con en el que en los últimos años actúan  las fuerzas políticas, sin importarles la opinión de los ciudadanos, es un síntoma de que a la población tampoco le importa demasiado.

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El Poder Judicial ya no está al servicio de la Justicia, si no al del partido gobernante o más bien, de la clase política. La sustitución de jueces y fiscales que llevan a cabo su trabajo de forma correcta por otros afines a sus ideas políticas o susceptibles de poder ser convencidos, reformas que acaban con la Justicia Universal en España, decretazos que rebajan el tiempo considerado apto para la prescripción de delitos relacionados con la corrupción…

Todo aquel que se atreve destapar, acusar o enjuiciar es quitado de en medio. Si no ¿cómo sería posible que en varios casos de corrupción indiscutible, los únicos condenados hayan sido los jueces encargados de los casos en vez de los acusados (casos Baltasar Garzón y Elpidio Silva)? ¿Qué otros sean apartados de los casos tras llevar años en ellos y que con la llegada de nuevos magistrados se retrasen las investigaciones y posibles sentencias (casos José Castro, Pablo Ruz, Mercedes Alaya)?

Y mientras los políticos gobernantes del PP van escurriendo el bulto, niegan respuestas aclaratorias en el Parlamento a las preguntas de la oposición y se pasan casos como Gürtel, sobresueldos, tarjetas black, caja B y demás por el forro de sus…carteras ministeriales.

Autor: Ani García Perez

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