Tres años sin justicia. La matanza de El Tarajal.

Se cumplen tres años de la muerte de al menos quince inmigrantes en la playa ceutí  del Tarajal, cuando el módulo de intervención rápida de la  Guardia Civil de la zona fronteriza de Ceuta  tomó la decisión de disparar botes de humo y pelotas de goma a veinticinco metros de la costa para disuadir a estas personas, que huían desde hacía horas del ejército marroquí. Según fuentes oficiales, quince de ellos murieron ahogados y veintitrés consiguieron traspasar la línea de veinticinco metros. Una vez consiguieron llegar a la costa, agotados, fueron inmediatamente devueltos en caliente a las fuerzas militares marroquíes. Esta fue la versión oficial del entonces Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la Guardia Civil no lo compartió, y las víctimas aseguran que sí se dispararon pelotas de goma sobre ellos, que se apuntaba a los caseros salvavidas que utilizaban para flotar y no solamente fueron utilizadas “para disuadirlos”.

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Las pelotas de goma son un arma militar pensada para ser utilizada en un conflicto armado, aunque en el Estado español son usadas como material antidisturbios por las diferentes fuerzas policiales.  De hecho, este tipo de prácticas que atentan contra los Derechos Humanos más fundamentales, guardan cierta similitud con las utilizadas por Israel en aguas palestinas. Tras lo acontecido en la playa ceutí de Tarajal, cualquier método podría quedar  legitimado para mantener el apartheid entre África y Europa. Reforzado en el presente por la  llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., con la que se abre y se justifica de nuevo el totalitarismo del Estado Nación. Discurso que también lleva incluido el gobierno de Mariano Rajoy con la valla de Melilla y este tipo de agresiones violentas hacia seres humanos que huyen y se dejan la vida en una travesía que podría denominarse como la salida de emergencia de la pobreza y de las guerras que occidente ha sembrado durante siglos en el continente africano. De hecho, en un informe elaborado por ACNUR en 2014 se estima que al menos el 60% de las personas que arriban a la frontera de Ceuta y Melilla lo hacen huyendo de los conflictos bélicos de África y Oriente Medio.

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En cambio, y a pesar de que el Estado español tiene ratificados convenios internacionales en los que se establecen protocolos que incluyen la necesaria protección internacional y la asistencia humanitaria de las personas en situación irregular,  la frontera sur se convierte en un lugar en el que la ley se aplica de forma “operativa” o como se atrevería, en febrero de 2014, a explicar en el Parlamento el Ministro del Interior de entonces: «No se puede aplicar la ley de la misma forma en Ceuta y Melilla que en otros lugares que no tienen nada que ver».

No hay que olvidar que las víctimas tenían  familias e historias de vida que quedaron truncadas en esta zona fronteriza. Frontera que les separa del sueño de una vida digna para ellos y sus familias, que aún hoy siguen reclamando los cuerpos de sus padres, de sus hijos, de sus compañeros y hermanos que permanecen enterrados en nichos anónimos en la ciudad de Ceuta, y que  ha llevado a ocho de las familias de las víctimas a convertir el dolor de la pérdida en lucha por la justicia y a crear en Camerún la asociación de Familias de Víctimas del Tarajal, gracias a la intermediación de la ONG Ca-minando Fronteras.

Recientemente, y tras los recursos interpuestos por las tres ONG – Coordinadoras de Barrios, Observatori DESC y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado– que forman parte de la acusación popular, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha estimado reabrir el caso de las muertes del Tarajal al considerar que el juzgado encargado de la investigación no realizó todas las pesquisas necesarias para concluir que los dieciséis agentes de la Guardia Civil imputados no eran responsables de lo acontecido la madrugada del seis de febrero de 2014 en el puesto fronterizo de El Tarajal.

Autora: Silvia García

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