Unidos Podemos pide la modificación de la Ley de Amnistía.

amnistia

El grupo parlamentario de izquierdas ha defendido en la Comisión de Justicia una Proposición No de Ley para añadir un artículo a la Ley de Amnistía que establezca que la misma no será aplicable a los delitos de “torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según Unidos en estos crímenes se debe aplicar el derecho internacional, que nuestro país suscribió en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU, suscrito por España en abril de 1977.

Esta proposición no de Ley no es algo nuevo. Desde hace años, asociaciones memorialistas han defendido la anulación o derogación de dicha Ley, porque ha supuesto “un escudo para la impunidad” y para no investigar los crímenes del franquismo en nuestro país. Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, pidió también que se dejara sin efecto la Ley de Amnistía. También el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En una entrevista a Diario16, el abogado Eduardo Ranz explicó que esta ley no exime a los jueces de investigar los crímenes franquistas. La mayoría de organizaciones y partidos políticos que se dedican a la lucha por la Memoria Histórica consideran esta ley como “de punto final” como las que se promulgaron en América Latina para no investigar los crímenes de las diferentes dictaduras.

¿Por qué se considera la Ley de Amnistía como una ley de punto final?

impunidad

La Ley de Amnistía se aprobó el 15 de octubre de 1977 (por lo tanto, es una ley pre-constitucional) con 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. El PCE y el PSOE votaran a favor de la misma. De hecho, sin su férreo apoyo, su aprobación hubiera sido muy difícil. Esto dijo Marcelino Camacho, histórico dirigente de CCOO y el PCE, en el Congreso de los Diputados defendiendo la Ley de Amnistía:

“Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso.”

La amnistía fue una de las grandes reclamaciones de la opisición antifranquistas durante los primeros años de la Transición. Había miles y miles de presos políticos que debían salir de la cárcel si se quería de verdad democratizar el país. Entre 1975 y 1976, gracias a las luchas en la calle, las movilizaciones, etc., salieron en libertad 117.746 presos políticos a través de diferentes indultos y decretos-ley. Con la Ley de Amnistía, salieron 89 presos, la mayoría de ETA, FRAP, GRAPO y MPAIAC. La ley de amnistía “perdonó” los “delitos” políticos cometidos durante el franquismo, incluidos los delitos de sangre. Esta ley trataba a los opositores antifranquistas como si hubieran sido delincuentes.

Aprovechando los deseos de amnistía de la mayoría de la sociedad, el Gobierno metió en dicha Ley , en el artículo segundo, dos párrafo finales que son en el que se han basado todos estos años para no investigar los crímenes franquistas. Dichos párrafos dicen lo siguiente:

“Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Basándose en la Ley de Amnistía impidieron al juez Garzón investigar los crímenes del franquismo. Basándose en la Ley de Amnistía están impidiendo en todo momento que los torturadores y ministros franquistas encausados en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo declaren en dicho país. Pero esta ley no es ninguna excusa para investigar. Pero esta claro que es necesario un cambio en dicha ley o su total derogación para que puedan juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país. Además, basándonos en el derecho internacional, el Gobierno español no puede impedir que se juzguen los crímenes del franquismo en ningún otro país, ya que son crímenes de lesa humanidad.

Autor: Pablo Alcántara Pérez.

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