Ante la negativa del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a aceptar la proposición de Ley sobre Memoria Democrática presentada en las Cortes Regionales el pasado 7 de septiembre por el Grupo parlamentario de Podemos, el Foro por la Memoria de Castilla La Mancha desea manifestar lo siguiente;

1- La proposición de ley fue redactada y presentada sin contar con la inmensa mayoría de colectivos memorialistas de la región castellano-manchega. Con excepción de uno de ellos, encargado precisamente de su redacción, ninguna otra asociación o colectivo de víctimas del franquismo ha sido en ningún momento consultado ni informado, teniendo que recibir incluso el texto por terceras personas y posteriormente a su presentación en la Mesa de las Cortes.

No ha habido en ningún momento ningún proceso de debate previo sobre su alcance o contenido ni se ha pedido opinión a los colectivos interesados, a pesar de que se ha intentado dar la idea de se ha contado con “colectivos memorialistas”.

Algunos de los principales colectivos y asociaciones históricos de la región, hemos manifestado nuestro descontento con el proceso, aunque no hemos querido hacerlo público hasta este momento. La mayoría de los colectivos de la región somos firmantes de la llamada “Carta de Vicálvaro”https://goo.gl/S5JVj0  en la que 88 colectivos de memoria histórica de todo el Estado español expresamos nuestras reivindicaciones. Carta que fue entregada a los principales candidatos de todos los partidos en los dos recientes procesos electorales incluyendo a varios candidatos de Podemos y Unidos Podemos. Esta carta y su contenido no ha sido en absoluto tenida en cuenta en el proyecto presentado y creemos ha sido conscientemente.

2- El proyecto de ley presentado reúne lamentablemente los mismos vicios y defectos en los que incurre la ley 52/2007, más conocida como “ley de memoria histórica”, alejándo a las víctimas del derecho al acceso a la justicia, con el defecto añadido de que al tratarse de una ley regional, es de rango inferior y por tanto tiene menos competencias. Se nos quiere intentar convencer de que o bien este proyecto es una especie de desarrollo regional de la ley de Memoria, o que viene a completarla, cuando lo que necesitamos no son marcos jurídicos nuevos, sino que se cumplan los que ya existen. El PSOE ha demostrado no tener voluntad política para aceptar ni desarrollar este proyecto, algo lamentable, pero Podemos ha ofrecido una ley con graves carencias, algunas incongruencias y con propuestas que exceden las competencias propias de la Autonomía.

–       Es necesario recordar que corresponde a la Administración Central de Justicia la investigación y persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que la autonomía no tiene competencias de Justicia, Ni siquiera una comisión de Justicia o una de Derechos Humanos en las Cortes Regionales. Una ley autonómica crea un agravio comparativo entre las victimas de una autonomía frente a las de otra que no la tengan.

–      Echamos de menos una mención en su exposición de motivos en la que se inste al Estado a que anule las sentencias y declare nulos los tribunales que condenaron ilegalmente a las victimas del franquismo. Se trata de una declaración de intenciones que creemos indispensable aunque sea simbólicamente. Igualmente echamos de menos una reivindicación que exija la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, verdadero muro de Impunidad que impide el acceso a la justicia de las victimas de la dictadura. Estas son las dos principales reivindicaciones históricas de todo el movimiento memorialista desde que nació.

–      Nos encontramos de nuevo con una ley reduccionísta que limita su reivindicación al ámbito principalmente familiar, lo que es importante, pero consideramos indispensable que cualquier ley de estas características base su contenido en el reconocimiento de las propias víctimas como sujetos de derecho y una vez más encontramos que no es así. Esto vuelve a crear un agravio comparativo entre las víctimas que tienen familiares conscientes y demandantes de derechos, y aquellas víctimas, (la mayoría) que no tienen ningún descendiente consciente que luche por sus derechos.

Igualmente esta ley parece identificar a las víctimas principalmente con los desaparecidos, cuando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo fueron prácticamente todos los especificados como la Carta de Londres de 1945: Trabajos forzados, maltrato a prisioneros, expolio de bienes, encarcelamiento, tortura, y miles de fusilados que sin embargo están perfectamente localizados en cementerios y que fueron fusilados en cumplimiento de sentencias que a pesar de su clara ilegalidad, siguen siendo consideradas legales para la actual justicia. Son asesinatos de una naturaleza totalmente diferente y responden a diferentes tipos penales a las desapariciones forzadas y por tanto que exigen un tratamiento distinto, cosa que no es reflejada en este proyecto.

–       El régimen de sanciones propuesto para los que no cambien calles o retiren monumentos franquístas nos parece correcto pero existen muchas cosas sobre las que nos hubiera gustado ser consultados, como la titularidad de los monumentos que se inauguren, la necesidad de diferenciar los escenarios de crímenes del resto de lugares de memoria, que requieren un tratamiento penal y a los que no puede dar respuesta una ley autonómica. El hecho de que todos estos lugares sean tratados como patrimonio, o el hecho de priorizar un tratamiento arqueológico y privatizado a las exhumaciones, son detalles que rechazamos. El mapa de fosas, identificación de restos, o banco de ADN que defiende son necesarios, pero no como objetos de estudio académico o arqueológico, sino como pruebas judiciales de crímenes imprescriptíbles cometidos por la dictadura.

–     No se investiga el patrimonio de las empresas que se lucraron con mano de obra esclava, y en general su contenido crea confusión con términos como “legalidad” y “legitimidad” y sólo se pasa por encima de la reivindicación de las victimas deportadas a los campos nazis.

3- Lamentamos que la negativa por parte del gobierno regional parece estar encuadrada en la pugna por la hegemonía política a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos entre el PSOE y Podemos, y que por desgracia se traduce en que la indefensión de las victimas del franquismo, para las que parece que no alcanza el Estado de Derecho.

4- Comprobamos que las llamadas leyes de memoria, tanto estatales como autonómicas están ahora mismo bloqueadas, no se cumplen, o se les ha quitado todo su presupuesto. Un marco normativo que regule aspectos reivindicativos o otorgue reconocimiento a las victimas y a los que lucharon por la libertad es necesario también a nivel regional, pero con la base de conocer sus limitaciones, y sabiendo que es al Estado central a quien corresponde lo más importante, es decir la anulación de las sentencias y la investigación de los crímenes cometidos.

Por tanto pedimos que se tengan en cuenta las reivindicaciones del movimiento memorialista y principalmente las expresadas en el llamado Encuentro de Memoria de Vicalvaro, firmado por 88 asociaciones de todo el Estado. https://goo.gl/S5JVj0

Necesitamos que cualquier ley propuesta considere como premisa nulos los tribunales y sentencias y actúe en consecuencia.

Necesitamos que se cumplan las leyes ya existentes y de rango superior y que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos según las recomendaciones de la ONU y que a las victimas del franquismo se les apliquen idénticos derechos a los reconocidos a las victimas del terrorismo, es decir un trato igual por parte del Estado.

Necesitamos una política de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo que no las discrimine por razón de territorio o comunidad de origen, o por el hecho de tener familiares que le reivindiquen.

Necesitamos que sea la Administración de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado persigan, enjuicie y se condene en su caso, a los muchos criminales franquistas que siguen vivos. En definitiva, reclamamos verdad, justicia y reparación para todas las victimas del terrorismo, incluídas las víctimas del terrorismo franquista.

Foro por la Memoria de Castilla La Mancha 

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